La federación de discapacitados acumula seis despidos improcedentes

La Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de Málaga (FAMF) acumula al menos seis sentencias por despido improcedente de miembros de este colectivo que trabajan en el Centro Especial de Empleo. La situación manifiesta una falta de ética de la directiva con sus asociados.

Los contratos de carácter indefinido para personas con discapacidad cuentan con importantes incentivos de la administración pública para favorecer su integración social . Destacan la bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social cifrada entre 4.500 y 6.000 euros; una subvención de alrededor de 4.000 euros en los contratos a tiempo completo; y una deducción de la cuota del impuesto de sociedades de 6.000 euros por persona y año.

Los damnificados por estas decisiones han creado una asociación propia – la Asociación de Discapacitados Físicos AMDIFI– para defenderse de la federación.

Parte de estos despidos están reconocidos por sentencia judicial , mientras que en otros casos los trabajadores han aceptado en el acto de conciliación ser despedidos sin llegar a juicio aunque aceptando la Federación que no se ajustaba la decisión a derecho.

El sindicato CNT le dirigió el pasado día 13 de abril un escrito al delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomeña, en el que le denunciaban y aportaban una de las sentencias del Juzgado número 7 de lo Social de Málaga en la que se reconocía que el despido era improcedente así como que «la directiva de la asociación hacía propuesta de firmar nóminas falsas» .

Se reunieron con el delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, el cúal negó la posibilidad de abrir un expediente porque «no hay instrumentos para verificar si se cumplen las normas», según fuentes de total solvencia. Cuando uno de los dos representantes del colectivo insta a Lomeña durante la reunión a que les dé todas las 'ambiguas' explicaciones por escrito, Lomeña textualmente le dice: «Puedo o no contestar porque tengo derecho a acogerme al silencio administrativo».

Otras de las justificaciones del cargo público para no abrir un expediente de investigación para verificar el uso del dinero público fueron que no se puede inspeccionar a toro pasado porque «la asociación no ha sido advertida legalmente y no se pueden lesionar sus derechos si se les inspecciona»; o «la Ley como todo tiene su interpretaciones, si fuera automática...».

Fuente:http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/13/andalucia_malaga/1250142414.html